El Consejo de Pastoral, reunido de forma telemática, quiere expresar a los miembros de estas parroquias, a los vecinos de estos barrios y a las autoridades autonómicas:

D. Alfonso Fernández Mañueco, Presidente. Alto representante del Estado en Castilla y León

D. Francisco Igea Arisqueta, Vicepresidente del Gobierno autonómico y portavoz

Dª Verónica Casado Vicente, Consejera de Sanidad

nuestro total acuerdo con el Comunicado de las diócesis de Castilla y León ante las nuevas restricciones impuestas por la Junta de CyL, tanto en el relato general de los hechos, como en las razones jurídicas y políticas (ejercicio del derecho fundamental de Libertad Religiosa) aducidas por nuestros obispos.

Por nuestra parte queremos añadir solo algunos extremos:

1.- No nos consta que, desde la Declaración del Primer Estado de Alarma hasta la fecha de hoy se haya dado ningún contagio de SarsCov2 en ninguno de los actos de culto ni en ninguna otra actividad pastoral de estas parroquias. Son muchos meses los transcurridos, lo que indica nuestro compromiso activo y eficiente en la preservación de la salud de nuestros feligreses. Eso no nos asegura que algunas personas puedan contagiarse en un futuro, como tampoco lo aseguran los hospitales y en otras muchas actividades económicas, sociales y culturales; nosotros vamos a intentar seguir con el mismo compromiso en favor de la salud de todos.

2.- Este buen resultado en la preservación de la salud durante los actos pastorales y de culto religioso se debe, como señalan también las diócesis, al extremo cuidado que hemos puesto en cumplir las normas emanadas de la autoridad política y las recomendaciones hechas por el personal sanitario, que -en Salamanca- en una proporción importante son feligreses de nuestras parroquias: hemos sido extremadamente conservadores en el cálculo de los aforos, más restrictivos incluso que el mandado por las normas oficiales, y hemos facilitado el cumplimiento de todas las medidas higiénicas, tanto las mandadas como las recomendadas, con el consiguiente trabajo y gasto extraordinario generado.

3.- Hay dos grupos humanos cuyo cuidado nos ha obligado a ser más escrupulosos en las medidas de protección: las personas mayores, generalmente más vulnerables, y los niños, que han asumido las normas con total conciencia y generosidad, convirtiéndose en un ejemplo para todos y en un recordatorio permanente de los deberes elementales de protección.

4.- Análogamente, queremos hacer constar que es misión de la comunidad cristiana, entre otras, educar en la conciencia social y cívica de los feligreses, proponiéndoles y animándolos a interiorizar y llevar a la práctica las bases morales prepolíticas del sistema democrático, sin proponer una ideología política determinada. Pero no es competencia de la Iglesia -y, por lo tanto de los sacerdotes, ni de otros agentes pastorales o colaboradores religiosos o laicos, catequistas, monitores, sacristanes, monaguillos voluntarios,… – no es competencia suya dictar leyes o normas en el ámbito civil o político, ni mucho menos tiene Policía para hacerlas cumplir; no es su misión convertirse en agentes del orden, ni pueden echar a nadie de la iglesia ni tampoco impedirle la entrada, sino muy al contrario, acogerlos y acompañarlos en su decisión libre de vivir y celebrar la fe. Más lógico sería que quien tiene la capacidad y el deber de dictar la norma, la acompañe de medios humanos para poderla cumplir.

5.- En cuanto a la regla de un máximo de 25 participantes en los actos de culto, que se vuelve a implantar en nuestra Comunidad Autónoma, nos sigue pareciendo que no es de sentido común que iglesias de 20.000 metros cúbicos de capacidad y con buena ventilación (o muchos más, en el caso del complejo catedralicio) tengan el mismo aforo que un templo pequeño, dada la experiencia feliz de no haber tenido ningún contagio en los actos pastorales y de culto durante tantos meses por el extremo cuidado tenido en la aplicación de las normas y recomendaciones sanitarias. Podría darse la arbitrariedad de que determinados contenedores culturales, de similar o inferior capacidad que nuestros templos, se rijan por un porcentaje, por ejemplo un tercio del aforo máximo posible, mientras la comunidad cristiana debe atenerse a una especia de “tarifa plana” de 25 participantes. No parece muy racional y a nosotros nos es muy difícil hacer cumplir a los feligreses –cívicos, educados y racionales- una norma que nadie comprende en su forma, aunque entendemos perfectamente el fondo, que no es otro que preservar a las personas de contagios, enfermedad, secuelas y muerte. Somos muy conscientes de los riesgos que existen, pero creemos en conciencia que esta medida es desproporcionada por las razones que hemos aducido y, sobre todo, las que han alegado los obispos de todas las diócesis de Castilla y León.

Rogamos a la autoridad competente que, a la mayor brevedad, si es posible de inmediato, retire esta abusiva y discriminatoria norma de aforo máximo de 25 personas. Mientras tanto, trataremos de acatarla mientras la denunciamos.

Hacemos nuestro y firmamos todos los miembros del Consejo de Pastoral, representando a cientos de cristianos de estas comunidades.

Salamanca, 17 de enero de 2021